Peregrinación en San Cristobal de Las Casas por la liberación del profesor Tsotzil Alberto Patishtan
En México se libera a narcos,
pero no indígenas o activistas, señala Sandino Rivero
Ratifica tribunal sentencia a Patishtán; se agotan
vías para su liberación: abogado
La defensa presentó sólo tesis de
la Suprema Corte sobre hechos diferentes, indica juzgado
Elio
Henríquez y Alfredo Méndez
Corresponsal
y reportero
Periódico
La Jornada
Viernes 13 de septiembre de 2013, p. 7
El primer
tribunal colegiado de circuito, con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, declaró
ayer infundado el incidente de reconocimiento de inocencia interpuesto por el
indígena Alberto Patishtán Gómez, lo que significa que ratificó la sentencia de
60 años de prisión, informó el abogado Sandino Rivero.
Estamos
profundamente decepcionados de la actuación del Poder Judicial de la
Federación, ya que sólo en un Estado como este se puede liberar a
narcotraficantes o a personas que han cometido delitos graves y no a indígenas,
a pobres y a luchadores sociales, lamentó el defensor en entrevista colectiva
afuera de las oficinas del tribunal.
Es claro
que el Poder Judicial de la federación o cuando menos una mayoría o un gran
sector no está con el ánimo de sacar adelante todos los argumentos a favor de
los derechos humanos, ni la reforma constitucional en esa materia.
Rivero
afirmó que con el fallo de los magistrados Freddy Gabriel Celis Fuentes
(presidente y responsable de elaborar el proyecto), Manuel de Jesús Rosales
Suárez y Arturo Eduardo Zenteno Garduño se han agotado las instancias del
derecho nacional mexicano para que Patishtán Gómez busque su liberación por la vía
jurídica.
Agregó
que queda la opción de llevar su asunto a la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH).
En una
tarjeta informativa, el tribunal informó que las únicas pruebas que aportó la
defensa de Patishtán para apoyar el reconocimiento de inocencia fueron tesis
que dictó la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en otros
reconocimientos de inocencia, en particular los relacionados con el caso de la
matanza de Acteal.
Las
jurisprudencias, tesis y sentencias emitidas por la Corte no son aptas ni
tienen el alcance de invalidar las pruebas que sostienen la sentencia
condenatoria, debido a que provienen de hechos diferentes a los que dieron
origen a la sentencia condenatoria de Alberto Patishtán Gómez, puntualizó el
órgano jurisdiccional.
Añadió
que lo resuelto en este incidente de reconocimiento de inocencia no contiene un
pronunciamiento sobre la responsabilidad penal del sentenciado; así como
tampoco respecto a las consideraciones de la sentencia condenatoria y mucho
menos del amparo directo 58/2003, donde se analizó como acto reclamado.
Patishtán
aún podría solicitar un indulto al presidente Enrique Peña Nieto, aunque el
artículo 97 del Código Penal Federal prohíbe al Ejecutivo federal otorgar el
perdón a un condenado por delito intencional contra la vida, como es el caso
del profesor tzotzil.
Patishtán
Gómez, quien está preso en el penal de San Cristóbal, fue detenido el 19 de
junio de 2000, acusado de participar en una emboscada que dejó seis policías
estatales y uno municipal muertos en una carretera ubicada entre los municipios
de Simojovel y El Bosque, en el norte de la entidad, por lo cual fue
sentenciado a 60 años de cárcel, de los cuales ya cumplió 13.
Alberto Patishtán: mensaje de Estado
Luis
Hernández Navarro
Alberto
Pathistán no es una secuestradora francesa como Florence Cassez, ni un
narcotraficante como Rafael Caro Quintero, ni uno de los asesinos de la matanza
de Acteal. Es un profesor toztzil, integrante de la otra campaña, injustamente
preso desde hace 13 años. Ella, ellos y él no son lo mismo. A Cassez, Caro
Quintero y los paramilitares de Chenalhó la justicia los dejó en libertad a
pesar de ser culpables. Al maestro Pathistán el sistema de justicia lo tiene en
la cárcel no obstante ser inocente.
El Poder
Judicial tuvo estos días la posibilidad de enmendar el daño hecho con el
indígena tzotzil del municipio de El Bosque. Pero este jueves el primer
tribunal colegiado del vigésimo circuito con sede en Chiapas declaró infundadas
las pruebas con las cuales sus abogados buscaban obtener su absolución.
Ignominia
sobre oprobio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió ser cómplice
de la injusticia y se lavó las manos. Apenas el pasado mes de marzo, su primera
sala resolvió, por tres votos contra dos, no retener la competencia sobre el
incidente de reconocimiento de inocencia del maestro. El proceso fue retornado
al tribunal que declaró infundadas las pruebas a favor de Pathistán.
En un
país en donde la aplicación del derecho tiene tras de sí un fuerte sesgo
político y en donde los jueces rara vez son independientes del Ejecutivo, la
resolución de los magistrados del primer tribunal colegiado del vigésimo
distrito, Freddy Gabriel Félix Fuentes, Manuel de Jesús González Suárez y
Arturo Eduardo Centeno Garduño, sólo puede interpretarse como un mensaje de
Estado. Un mensaje enviado tanto al mismo encarcelado como a quienes ven en él
un emblema de la lucha contra la injusticia. El maestro es un rehén del poder.
Alberto
Pathistán no es cualquier detenido: es el preso político de mayor notoriedad en
el país. Es una figura emblemática del movimiento indígena, en que se resume la
discriminación racial, el desaseo procesal y el uso faccioso de la justicia que
privan hacia los pueblos originarios. Un símbolo de dignidad frente a los
abusos del poder.
Literalmente,
miles de voces dentro y fuera de México han exigido su liberación inmediata. El
pueblo creyente, el EZLN, el movimiento indígena, la Coordinadora Nacional de
Trabajadores de la Educación (CNTE), Amnistía Internacional y cientos de
organismos defensores de derechos humanos e intelectuales públicos están
convencidos de su inocencia y demandan su libertad. Es a ellos a quienes el
Estado dijo su última palabra: sus razones no me importan; los escucho pero no
les hago caso.
La
historia es conocida. El 12 de julio de 2000, en el paraje Las Lagunas de Las
Limas, Simojovel, fueron emboscados siete policías. Ese día y a esa hora,
Pathistán estaba a muchos kilómetros de distancia de ese lugar. No importó.
Igual lo responsabilizaron de los asesinatos. Fue sentenciado por los delitos
de delincuencia organizada, homicidio calificado, portación de armas de uso
exclusivo de las fuerzas armadas y lesiones calificadas. En su juicio no hubo
traductores. Los testigos mintieron y no se presentaron evidencias sólidas de
su culpa. A los jueces les tuvo sin cuidado. Él fue a parar a la cárcel.
En todo
el país, los pueblos indígenas resisten la devastación ambiental y el despojo
de sus tierras, territorios, aguas y semillas. Para enfrentar la inseguridad
pública y defenderse han formado policías comunitarias. Mantener en prisión a
Pathistán es un aviso del México de arriba de lo que les puede suceder si
persisten con la obstinación con la que lo han hecho, en la defensa de sus
recursos naturales y sus formas de ejercer justicia.
Cientos
de miles de maestros exigen la derogación de las reformas laborales disfrazadas
de educativas recientemente aprobadas por el Congreso. En sus movilizaciones y
su pliego petitorio demandan que el profesor detenido, uno de los suyos, sea
liberado. Negarle que salga de la cárcel es una advertencia de lo que les
aguarda a ellos de no suspender sus acciones de desobediencia.
El
zapatismo sigue empecinado en autogobernarse y conservar las armas, al margen
de las instituciones gubernamentales. Sigue siendo una fuente de inspiración y
ejemplo para muchas comunidades indígenas en el país. Tener tras las rejas al
adherente de la otra campaña es un aviso de que la guerra contra los
rebeldes del sureste mexicano no ha terminado.
En un
país en el que el derecho se aplica regularmente contra la justicia, al Estado
mexicano le tiene sin cuidado el que Alberto Pathistán sea inocente y el que su
juicio esté lleno de irregularidades. No le incomoda el que su encarcelamiento
sea un escándalo internacional. Quiere, simple y llanamente, mandar un mensaje
para que quienes simpatizan con el profesor y su causa escarmienten. No lo
logrará. Como lo hace Pathistán, los muchos que se solidarizan con él, resisten
y seguirán resistiendo.
Alberto Patishtán y los maestros
Adolfo
Gilly
La
denegación de justicia al profesor tzotzil Alberto Patishtán es una decisión
material y simbólica capital en la política de desmantelamiento de los pilares
constitucionales de la nación emprendida por el gobierno de Enrique Peña Nieto
(elegido apenas con 37 por ciento de los votos atribuidos) y por sus aliados en
el Pacto por México, el PAN y el PRD.
Los
maestros movilizados en las plazas y calles de México y de otras muchas
ciudades del país son, por el contrario, símbolo y realidad, en conciencia y en
acción, de una nación que busca cómo defenderse y resistir al vendaval de las finanzas,
los ricos, el crimen, la intromisión policial, militar y logística del poderoso
vecino del norte y la ineptitud –real o simulada– de sus propios gobernantes.
* * *
La
televisión, en tanto instrumento de Estado, está cumpliendo en esta ofensiva, hoy
como nunca, la función de punta de lanza de la desinformación y la deseducación
del pueblo; y de ariete brutal hoy contra los maestros, ayer contra los
estudiantes de #YoSoy132 y siempre contra toda movilización de este pueblo en
defensa de su vida, su nación y sus derechos.
Esa
ofensiva plagada de mentiras, ignorancia e interés se propone desmantelar a
sabiendas y con prisa los cimientos constitucionales sobre los cuales se alza
todavía hoy el pacto estatal mexicano: con prisa, porque no quieren dar tiempo
a la organización de la resistencia nacional contra esos planes; a sabiendas,
porque la propaganda para la entrega del petróleo y de otras riquezas de la
nación al capital extranjero –y a su poderío militar– está hecha de un
indescriptible tejido de mentiras y falacias que sus autores no pueden ignorar.
No es la
menor de ellas la afirmación de que la entrega de la explotación del subsuelo a
los capitales extranjeros sería la continuación fiel del pensamiento y la
política del presidente Lázaro Cárdenas. Es preciso carecer de escrúpulos
morales e intelectuales para decirlo.
En estos
días y meses el gobierno federal, con sus aliados y subordinados en el Pacto
por México, quiere destruir, en una especie de guerra relámpago, los pilares
legales seculares alzados por el pueblo de México y una generación de
gobernantes leales a la nación y a su pueblo, y no al dinero.
* * *
La joya
de la corona política que esta ofensiva se propone recuperar para el mando
presidencial es la ciudad autónoma de México, perdida para ellos desde la
insurrección cívica y electoral de 1997.
La
Presidencia sueña con restablecer su mando inmediato sobre la sede de los
poderes nacionales, esta ciudad antigua, democrática, organizada, solidaria,
plebeya y respondona. En estos días quiere que el gobierno de la ciudad se haga
cargo de la represión contra los maestros, los estudiantes, los trabajadores
electricistas, los universitarios y otros sectores que se han plantado en las
calles frente a la ofensiva privatizadora.
Los
maestros tienen razón. Sin movilización, las declaraciones, las reuniones y los
diálogos no bastan. Un gobierno que mantiene en ruinas tantas instalaciones
escolares y publica libros de texto plagados de errores de ortografía, dice
querer evaluar a los maestros cuando lo que en realidad se propone es destruir
sus derechos laborales y sus organizaciones.
El mismo
sentido tienen las intenciones y la política para destruir a las normales
rurales, focos de enseñanza para los pueblos campesinos e indígenas y de
resistencia en defensa de sus derechos, sus bienes, sus historias, sus idiomas
y sus vidas.
* * *
En esta
turbulencia la confirmación de la arbitraria condena al profesor Alberto
Patishtán, la decisión judicial según la cual debería pasar en las cárcel los
próximos 47 años de su vida, adquiere un peso y unas dimensiones de alcance
nacional mucho más allá del tribunal que la dictó.
Esta
decisión dice que el gobierno federal está decidido a cumplir las amenazas del
candidato presidencial Enrique Peña Nieto en la Ibero: responder con la
violencia del Estado a las demandas y las acciones de los pueblos campesinos e
indígenas en defensa de sus derechos, sus pueblos y sus vidas.
La
condena contra el profesor Patishtán es una amenaza declarada contra los
maestros en movimiento; contra los pueblos indígenas en todo el territorio
nacional; contra los pueblos zapatistas de Chiapas y sus gobiernos autónomos;
y, a más largo alcance, contra la autonomía, la independencia y los derechos de
maestros, profesores y estudiantes en todo el sistema educativo nacional.
Tomemos
muy en serio esta sentencia contra un hombre inocente.
Los
maestros tienen razón. Alberto Patishtán debe ser liberado. Los derechos
laborales no se tocan. El subsuelo y el suelo de México pertenecen a la nación
y al pueblo mexicano.
