viernes, 13 de septiembre de 2013

EN MÉXICO Y EL MUNDO SEGUIMOS LUCHANDO POR LA LIBERTAD DEL PROFESOR TZOTZIL ALBERTO PATISHTAN

 Peregrinación en San Cristobal de Las Casas por la liberación del profesor Tsotzil Alberto Patishtan



En México se libera a narcos, pero no indígenas o activistas, señala Sandino Rivero
Ratifica tribunal sentencia a Patishtán; se agotan vías para su liberación: abogado
La defensa presentó sólo tesis de la Suprema Corte sobre hechos diferentes, indica juzgado
Elio Henríquez y Alfredo Méndez
Corresponsal y reportero
Periódico La Jornada
Viernes 13 de septiembre de 2013, p. 7
El primer tribunal colegiado de circuito, con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, declaró ayer infundado el incidente de reconocimiento de inocencia interpuesto por el indígena Alberto Patishtán Gómez, lo que significa que ratificó la sentencia de 60 años de prisión, informó el abogado Sandino Rivero.
Estamos profundamente decepcionados de la actuación del Poder Judicial de la Federación, ya que sólo en un Estado como este se puede liberar a narcotraficantes o a personas que han cometido delitos graves y no a indígenas, a pobres y a luchadores sociales, lamentó el defensor en entrevista colectiva afuera de las oficinas del tribunal.
Es claro que el Poder Judicial de la federación o cuando menos una mayoría o un gran sector no está con el ánimo de sacar adelante todos los argumentos a favor de los derechos humanos, ni la reforma constitucional en esa materia.
Rivero afirmó que con el fallo de los magistrados Freddy Gabriel Celis Fuentes (presidente y responsable de elaborar el proyecto), Manuel de Jesús Rosales Suárez y Arturo Eduardo Zenteno Garduño se han agotado las instancias del derecho nacional mexicano para que Patishtán Gómez busque su liberación por la vía jurídica.
Agregó que queda la opción de llevar su asunto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En una tarjeta informativa, el tribunal informó que las únicas pruebas que aportó la defensa de Patishtán para apoyar el reconocimiento de inocencia fueron tesis que dictó la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en otros reconocimientos de inocencia, en particular los relacionados con el caso de la matanza de Acteal.
Las jurisprudencias, tesis y sentencias emitidas por la Corte no son aptas ni tienen el alcance de invalidar las pruebas que sostienen la sentencia condenatoria, debido a que provienen de hechos diferentes a los que dieron origen a la sentencia condenatoria de Alberto Patishtán Gómez, puntualizó el órgano jurisdiccional.
Añadió que lo resuelto en este incidente de reconocimiento de inocencia no contiene un pronunciamiento sobre la responsabilidad penal del sentenciado; así como tampoco respecto a las consideraciones de la sentencia condenatoria y mucho menos del amparo directo 58/2003, donde se analizó como acto reclamado.
Patishtán aún podría solicitar un indulto al presidente Enrique Peña Nieto, aunque el artículo 97 del Código Penal Federal prohíbe al Ejecutivo federal otorgar el perdón a un condenado por delito intencional contra la vida, como es el caso del profesor tzotzil.
Patishtán Gómez, quien está preso en el penal de San Cristóbal, fue detenido el 19 de junio de 2000, acusado de participar en una emboscada que dejó seis policías estatales y uno municipal muertos en una carretera ubicada entre los municipios de Simojovel y El Bosque, en el norte de la entidad, por lo cual fue sentenciado a 60 años de cárcel, de los cuales ya cumplió 13.

Alberto Patishtán: mensaje de Estado
Luis Hernández Navarro
Alberto Pathistán no es una secuestradora francesa como Florence Cassez, ni un narcotraficante como Rafael Caro Quintero, ni uno de los asesinos de la matanza de Acteal. Es un profesor toztzil, integrante de la otra campaña, injustamente preso desde hace 13 años. Ella, ellos y él no son lo mismo. A Cassez, Caro Quintero y los paramilitares de Chenalhó la justicia los dejó en libertad a pesar de ser culpables. Al maestro Pathistán el sistema de justicia lo tiene en la cárcel no obstante ser inocente.
El Poder Judicial tuvo estos días la posibilidad de enmendar el daño hecho con el indígena tzotzil del municipio de El Bosque. Pero este jueves el primer tribunal colegiado del vigésimo circuito con sede en Chiapas declaró infundadas las pruebas con las cuales sus abogados buscaban obtener su absolución.
Ignominia sobre oprobio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió ser cómplice de la injusticia y se lavó las manos. Apenas el pasado mes de marzo, su primera sala resolvió, por tres votos contra dos, no retener la competencia sobre el incidente de reconocimiento de inocencia del maestro. El proceso fue retornado al tribunal que declaró infundadas las pruebas a favor de Pathistán.
En un país en donde la aplicación del derecho tiene tras de sí un fuerte sesgo político y en donde los jueces rara vez son independientes del Ejecutivo, la resolución de los magistrados del primer tribunal colegiado del vigésimo distrito, Freddy Gabriel Félix Fuentes, Manuel de Jesús González Suárez y Arturo Eduardo Centeno Garduño, sólo puede interpretarse como un mensaje de Estado. Un mensaje enviado tanto al mismo encarcelado como a quienes ven en él un emblema de la lucha contra la injusticia. El maestro es un rehén del poder.
Alberto Pathistán no es cualquier detenido: es el preso político de mayor notoriedad en el país. Es una figura emblemática del movimiento indígena, en que se resume la discriminación racial, el desaseo procesal y el uso faccioso de la justicia que privan hacia los pueblos originarios. Un símbolo de dignidad frente a los abusos del poder.
Literalmente, miles de voces dentro y fuera de México han exigido su liberación inmediata. El pueblo creyente, el EZLN, el movimiento indígena, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), Amnistía Internacional y cientos de organismos defensores de derechos humanos e intelectuales públicos están convencidos de su inocencia y demandan su libertad. Es a ellos a quienes el Estado dijo su última palabra: sus razones no me importan; los escucho pero no les hago caso.
La historia es conocida. El 12 de julio de 2000, en el paraje Las Lagunas de Las Limas, Simojovel, fueron emboscados siete policías. Ese día y a esa hora, Pathistán estaba a muchos kilómetros de distancia de ese lugar. No importó. Igual lo responsabilizaron de los asesinatos. Fue sentenciado por los delitos de delincuencia organizada, homicidio calificado, portación de armas de uso exclusivo de las fuerzas armadas y lesiones calificadas. En su juicio no hubo traductores. Los testigos mintieron y no se presentaron evidencias sólidas de su culpa. A los jueces les tuvo sin cuidado. Él fue a parar a la cárcel.
En todo el país, los pueblos indígenas resisten la devastación ambiental y el despojo de sus tierras, territorios, aguas y semillas. Para enfrentar la inseguridad pública y defenderse han formado policías comunitarias. Mantener en prisión a Pathistán es un aviso del México de arriba de lo que les puede suceder si persisten con la obstinación con la que lo han hecho, en la defensa de sus recursos naturales y sus formas de ejercer justicia.
Cientos de miles de maestros exigen la derogación de las reformas laborales disfrazadas de educativas recientemente aprobadas por el Congreso. En sus movilizaciones y su pliego petitorio demandan que el profesor detenido, uno de los suyos, sea liberado. Negarle que salga de la cárcel es una advertencia de lo que les aguarda a ellos de no suspender sus acciones de desobediencia.
El zapatismo sigue empecinado en autogobernarse y conservar las armas, al margen de las instituciones gubernamentales. Sigue siendo una fuente de inspiración y ejemplo para muchas comunidades indígenas en el país. Tener tras las rejas al adherente de la otra campaña es un aviso de que la guerra contra los rebeldes del sureste mexicano no ha terminado.
En un país en el que el derecho se aplica regularmente contra la justicia, al Estado mexicano le tiene sin cuidado el que Alberto Pathistán sea inocente y el que su juicio esté lleno de irregularidades. No le incomoda el que su encarcelamiento sea un escándalo internacional. Quiere, simple y llanamente, mandar un mensaje para que quienes simpatizan con el profesor y su causa escarmienten. No lo logrará. Como lo hace Pathistán, los muchos que se solidarizan con él, resisten y seguirán resistiendo.

Alberto Patishtán y los maestros
Adolfo Gilly
La denegación de justicia al profesor tzotzil Alberto Patishtán es una decisión material y simbólica capital en la política de desmantelamiento de los pilares constitucionales de la nación emprendida por el gobierno de Enrique Peña Nieto (elegido apenas con 37 por ciento de los votos atribuidos) y por sus aliados en el Pacto por México, el PAN y el PRD.
Los maestros movilizados en las plazas y calles de México y de otras muchas ciudades del país son, por el contrario, símbolo y realidad, en conciencia y en acción, de una nación que busca cómo defenderse y resistir al vendaval de las finanzas, los ricos, el crimen, la intromisión policial, militar y logística del poderoso vecino del norte y la ineptitud –real o simulada– de sus propios gobernantes.
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La televisión, en tanto instrumento de Estado, está cumpliendo en esta ofensiva, hoy como nunca, la función de punta de lanza de la desinformación y la deseducación del pueblo; y de ariete brutal hoy contra los maestros, ayer contra los estudiantes de #YoSoy132 y siempre contra toda movilización de este pueblo en defensa de su vida, su nación y sus derechos.
Esa ofensiva plagada de mentiras, ignorancia e interés se propone desmantelar a sabiendas y con prisa los cimientos constitucionales sobre los cuales se alza todavía hoy el pacto estatal mexicano: con prisa, porque no quieren dar tiempo a la organización de la resistencia nacional contra esos planes; a sabiendas, porque la propaganda para la entrega del petróleo y de otras riquezas de la nación al capital extranjero –y a su poderío militar– está hecha de un indescriptible tejido de mentiras y falacias que sus autores no pueden ignorar.
No es la menor de ellas la afirmación de que la entrega de la explotación del subsuelo a los capitales extranjeros sería la continuación fiel del pensamiento y la política del presidente Lázaro Cárdenas. Es preciso carecer de escrúpulos morales e intelectuales para decirlo.
En estos días y meses el gobierno federal, con sus aliados y subordinados en el Pacto por México, quiere destruir, en una especie de guerra relámpago, los pilares legales seculares alzados por el pueblo de México y una generación de gobernantes leales a la nación y a su pueblo, y no al dinero.
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La joya de la corona política que esta ofensiva se propone recuperar para el mando presidencial es la ciudad autónoma de México, perdida para ellos desde la insurrección cívica y electoral de 1997.
La Presidencia sueña con restablecer su mando inmediato sobre la sede de los poderes nacionales, esta ciudad antigua, democrática, organizada, solidaria, plebeya y respondona. En estos días quiere que el gobierno de la ciudad se haga cargo de la represión contra los maestros, los estudiantes, los trabajadores electricistas, los universitarios y otros sectores que se han plantado en las calles frente a la ofensiva privatizadora.
Los maestros tienen razón. Sin movilización, las declaraciones, las reuniones y los diálogos no bastan. Un gobierno que mantiene en ruinas tantas instalaciones escolares y publica libros de texto plagados de errores de ortografía, dice querer evaluar a los maestros cuando lo que en realidad se propone es destruir sus derechos laborales y sus organizaciones.
El mismo sentido tienen las intenciones y la política para destruir a las normales rurales, focos de enseñanza para los pueblos campesinos e indígenas y de resistencia en defensa de sus derechos, sus bienes, sus historias, sus idiomas y sus vidas.
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En esta turbulencia la confirmación de la arbitraria condena al profesor Alberto Patishtán, la decisión judicial según la cual debería pasar en las cárcel los próximos 47 años de su vida, adquiere un peso y unas dimensiones de alcance nacional mucho más allá del tribunal que la dictó.
Esta decisión dice que el gobierno federal está decidido a cumplir las amenazas del candidato presidencial Enrique Peña Nieto en la Ibero: responder con la violencia del Estado a las demandas y las acciones de los pueblos campesinos e indígenas en defensa de sus derechos, sus pueblos y sus vidas.
La condena contra el profesor Patishtán es una amenaza declarada contra los maestros en movimiento; contra los pueblos indígenas en todo el territorio nacional; contra los pueblos zapatistas de Chiapas y sus gobiernos autónomos; y, a más largo alcance, contra la autonomía, la independencia y los derechos de maestros, profesores y estudiantes en todo el sistema educativo nacional.
Tomemos muy en serio esta sentencia contra un hombre inocente.
Los maestros tienen razón. Alberto Patishtán debe ser liberado. Los derechos laborales no se tocan. El subsuelo y el suelo de México pertenecen a la nación y al pueblo mexicano.

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